Cuerpos de seguridad venezolanos detienen a hermanos, padres, hijos o familiares de presos políticos, como medida de presión para que se entreguen desde el exilio o confiesen responsabilidades. Este método de presión usado en el Tercer Reich por los nazis fue registrado en informes de la Misión de la ONU

Organismos de seguridad del Gobierno de Maduro detienen a padres, hermanos, hijos o algún familiar de presos políticos como forma de presión y tortura. La culpabilidad del parentesco, así se le conoce al Sippenhaft, el método usado por los nazis en el Tercer Reich que se aplica en Venezuela, según el último reporte de la ONU.

El informe del año 2021 realizado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, evidenció, por primera vez, la aplicación del método de Sippenhaft.

“En algunos casos documentados, agentes de seguridad o de inteligencia, presuntamente, utilizaron tácticas criminales, incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos. Un acusado de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la Dgcim lo torturaron y le dijeron que aplicarían el ‘Sippenhaft’, una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis. Detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en Boleíta durante 32 días”, precisa el documento. 

La detención de Fidel Ramírez, hermano de Rafael Ramírez, el expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que es investigado por un presunto caso de corrupción, y la publicación del tercer informe de la Misión de la ONU, pusieron nuevamente en la palestra los abusos de los organismos de seguridad.  

El político subrayó que la detención de su hermano, quien fue médico del fallecido expresidente Hugo Chávez, es uno de los métodos usados por el gobierno de Maduro. “El secuestro de mi hermano, por parte de la Dirección General de Inteligencia Militar, forma parte del patrón de actuación del gobierno de Maduro, denominado ‘Sippenhaftung’, denunciado, como propio y representativo de sus conductas, señaló Ramírez, el pasado 19 de septiembre de 2022.

En el tercer informe de la Misión de la ONU, publicado el 20 de septiembre, reiteran que esta es una práctica que constataron los observadores por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes “buscan arrestar u organizar secuestros de familiares para presionar a los objetivos a entregarse”.

Los testimonios de las víctimas, al menos 245, que fueron documentados por la Misión, dicen que han cometido actos como: “Amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos si no proporcionaban determinada información y operaciones en las que se detuvo a miembros de la familia de personas seleccionadas, con el fin de presionar a los objetivos para que se rindieran”.


El informe de la Misión de la ONU destaca que esta es una práctica que constataron los observadores por parte de funcionarios de la Dgcim


Los resultados de la investigación fueron presentados ante los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el pasado 26 de septiembre. La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, instó a la comunidad internacional a continuar con el monitoreo de estos casos y evaluar si hay avances creíbles para garantizar una justicia imparcial.

Sippenhaft: método de tortura

La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, habló sobre la situación de los familiares de los detenidos durante una intervención en el evento Human Portraits, promovido por organizaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sobre las historias de los presos políticos y la violación de sus derechos humanos por parte del Gobierno. 

La especialista en criminalística aseguró que en Venezuela se cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “Contamos con registros de familias enteras perseguidas, incluyendo sus mascotas, que son llevadas a los centros de detención para maltratarlas frente a sus dueños y así infligirles mayor daño emocional”, precisó.

Tineo agregó que en Venezuela la prisión política tiene otra arista que se extiende a los familiares y en los que pesa la mayor responsabilidad al ser los encargados de proveerles alimento, insumos médicos y de higiene personal en medio de la inflación y los altos costos para poder cubrir con sus necesidades básicas.

Durante una entrevista con El Pitazo, la abogada reiteró que este patrón ha sido una práctica recurrente, ya que es una medida de presión o de tortura contra el perseguido para lograr el objetivo de que se entregue y que se incrimine o incriminen a un tercero.

Aunque no hay registros públicos sobre estos casos y las víctimas, Tineo precisó que muchas veces es por protección de los familiares que no se visibilizan, aunque sí se han reportado detenciones de corta duración por algunas horas de padres, hermanos o hijos.

“Es un método de tortura blanda contra los presos políticos y sus familiares, en la que se les hostiga y presiona con sus familiares. Les envían fotos de sus parientes en sus casas, con sus padres, hijos o hermanas, le muestran la foto al preso político y le dicen que están ahí. Este material puede ser mostrado en sesiones de tortura”, precisó Tineo.


Este patrón ha sido una práctica recurrente, ya que es una medida de presión o de tortura contra el perseguido para lograr el objetivo de que se entregue y que se incrimine o incriminen a un tercero


La psicóloga con estudios en superación de traumas, Mariángela Reyes explica que la forma de presión emocional es la más dura para una persona a la que no se le garantiza la protección de sus derechos humanos.

“Una persona detenida es vulnerable, pero cuando utilizan a un familiar, eso lo hace doloroso. Al que buscan quizás sabe de lo que son capaces de hacer los responsables y que es una manera de doblegarlos y se peguen a sus decisiones, pero eso no lo hace menos traumático. Puede ser injusto, pero eso es una muestra desesperada de que buscan tener una reacción. Las emociones no se controlan y esto es un golpe difícil de superar, porque la persona se siente responsable y culpable de lo que atraviesa quizás una persona inocente por las decisiones de otros”, indicó.

¿Qué es el Sippenhaft?

La Universidad de Cambridge publicó un artículo en el año 2007, en el que define al Sippenhaft como un método fue utilizado por los nazis y se refiere a un castigo de responsabilidad, el cual se aplicó después del plan de asesinato contra Hitler en 1944.

“Se abogó por el uso de Sippenhaft contra las familias de los conspiradores involucrados en este complot y también contra miembros de las fuerzas armadas. En consecuencia, su implementación pasó a ser dominio personal del líder de las SS del Reich, Heinrich Himmler, así como de los comandantes del ejército local, los tribunales del ejército y el propio partido nazi. Su imposición fue compensada en gran medida por su eficacia como dispositivo del miedo”, detalla el artículo universitario.

El investigador Roberto Loeffel, en su libro Castigo familiar en la Alemania nazi, precisó que el principio de Sippenhaft se utilizó para intimidar a los opositores políticos, amenazar a quienes habían huido de ese país y aterrorizar al público en general.

“A pesar de descubrirse numerosos ejemplos de persecución de familiares de opositores, no puede vincularse a ninguna directiva o política definitiva. En cambio, y como presagio para el futuro, su adopción fue fácilmente aceptada sin directrices centrales”, agregó Loeffel.

Casos destacados en Venezuela

El Pitazo, con apoyo de Justicia, Encuentro y Perdón, una organización que realiza monitoreo y atención a los casos de violaciones de DD. HH. en Venezuela, hace un recuento de algunos casos en los que se evidencia el patrón de Sippenhaft, donde organismos de seguridad amenazan o detienen a familiares de presos políticos como forma de presión:

El coronel retirado de la Guardia Nacional, Oswaldo García Palomo, detenido el 27 de enero de 2019 en Barinas, está acusado por los delitos de rebelión, asociación para delinquir, traición a la patria y vinculado a un ataque con drones contra Nicolás Maduro. Sus familiares denunciaron que fueron hostigados en el año 2018 por funcionarios del Dgcim: tres primos y el hermano de su esposa fueron detenidos por horas.

El exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel estuvo preso durante 12 años y falleció en 2021 por COVID-19. Sus familiares denunciaron que fue víctima de tortura, ensañamiento y malas condiciones en una cárcel de máxima seguridad. Dos de sus hijos, Josnars y Raúl Iván Baduel, fueron detenidos. Su hermana, Andreina Baduel, denunció que han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos.

El general Héctor Hernández Da Costa fue detenido en 2018. Su hija Loredana Hernández Barboza fue apresada y ahora se encuentra en el exilio, después de la persecución a la que fue sometida. Su esposa, Lili Barboza, sigue en Venezuela y tiene prohibición de salida.

Alberto Polo Díaz está detenido desde 2017. Según testimonios que ofreció su madre de 69 años, a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, fue detenida por al menos 12 horas por el Conas en 2018, en Maracay. Le quitaron su teléfono, la amenazaron con herir a sus hermanos, cuñada y sobrinas, además le mostraron fotos de donde estudiaban y trabajaban.

El teniente Richard Alemán Castellanos fue detenido en abril de 2020 y vinculado a la Operación Gedeón. En una declaración ante tribunales, realizada en 2021, denunció que había sido víctima de tortura y también la aprehensión de sus dos hermanas, Andreina y Yolimar Alemán, su cuñado Chayo Barrueta, un sobrino, y un amigo que era capitán retirado.

Cuando el diputado Juan Requesens fue detenido en 2018, su hermana Rafaela Requesens, una dirigente estudiantil, también fue apresada por el Sebin cuando los abordaron por sorpresa en su apartamento de Caracas. Ese día, la joven fue liberada, después de que le tomaran fotos y amenazaran con contar lo ocurrido.

El estudiante Oswaldo Castillo fue detenido en octubre de 2018 y lo vinculan con el ataque con dron contra Nicolás Maduro durante un acto presidencial. Está condenado a 30 años de cárcel, un familiar contó a Justicia, Encuentro y Perdón que funcionarios le mostraron fotos de sus familiares como método de amenaza. 

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